La Generalitat acusada de otorgar licencias medioambientales nulas a pesar de la orden de cierre del Tribunal Supremo gracias a las protestas de los vecinos y la acción de Albert Calduch Abogados.
La Fiscalía de Medio Ambiente de Barcelona ha presentado una denuncia contra la Generalitat por presunto trato de favor hacia la cementera de Montcada i Reixac. La denuncia se basa en otorgar licencias medioambientales a pesar de que dichos permisos habían sido declarados nulos por el Tribunal Supremo en 2015. La cementera, gestionada por Lafarge Holcim España, sigue funcionando a pesar de la orden de cierre del Tribunal Supremo en 2022, gracias a las acciones legales de Albert Calduch Abogados. Los vecinos denuncian emisiones de polvo y partículas perjudiciales.
El fiscal acusa a Emili Dragone Vives de cooperador necesario en un delito contra el medioambiente.
La denuncia se dirige a Emili Dragone Vives, quien en 2015 ocupaba el cargo de jefe de servicios de prevención de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático. El fiscal lo acusa de cooperador necesario en un delito contra el medio ambiente. La Fiscalía también solicita la declaración de varios altos cargos de la Generalitat como testigos. La denuncia se remonta a 2008, cuando se otorgó una autorización ambiental a Lafarge Cementos S.A. para la fabricación de cemento en la planta de Montcada i Reixac.
A pesar de anularse la resolución por el Tribunal Supremo, la Generalitat concedió una nueva autorización a Lafarge.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya declaró nula la resolución en 2013, confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo. El fiscal destaca que, a pesar de conocer la sentencia, Dragone propuso la publicación de la Declaración de Impacto Ambiental de 2008 en lugar de iniciar un nuevo procedimiento. Posteriormente se concedió una nueva autorización ambiental a Lafarge Cementos en 2015, basada en una Declaración de Impacto Ambiental obsoleta.
Gracias a Albert Calduch Abogados se anuló la autorización.
Gracias a las acciones legales de Albert Calduch Abogados el TSJC declaró la nulidad de esta autorización y la Generalitat recurrió sin éxito al Tribunal Supremo. Además, la renovación de la autorización ambiental en 2017 también fue declarada nula. La Fiscalía considera que estos hechos constituyen un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
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Resumen de la noticia publicada en el diario digital El Nacional.Cat:
